LA DISCAPACIDAD EN LIBERTAD CONDICIONADA.
*Por: Luis Liendro (ex coordinador general del consejo municipal de discapacidad de la Municipalidad de La Matanza) http://asociacionaga.es.tl/
Lo que voy a desplegar del mapa de la discapacidad, es la insensibilidad y el desconocimiento que hay para con los niños con discapacidad en el ámbito educativo y para ello creo que es necesario que tomemos conciencia de las necesidades que tienen los niños, a la hora de hablar, “que a los niños lo tenemos que integrar a la educación común”. Son muchas las trabas que hacen que en este circuito de la integración no funcione adecuadamente: la falta de estructura edilicia, de la accesibilidad, la inadecuación curricular, el miedo a lo diferente, la escasa labor en equipo entre la maestra de grado y la maestra integradora, la preparación y capacitación del docente y el transporte publico. Entre otras de las limitaciones mas frecuentes con la que se enfrentan un gran numero de familias, es en el momento de anotar a sus hijos, es que reciben innumerables negativas por parte de una serie de instituciones educativas, argumentando no tener vacantes, muchas veces para evitar el problema de tener un chico que requiere mayor atención y es lógico que estas familias terminen bajando los brazos y sus hijos duerman en escuelas especiales esperando algún milagro que les permita insertarse en el mundo de los chicos comunes. Incluso en aquellos casos en los que los chicos son aceptados, las vicisitudes que se presentan son numerosas. Falta de personal calificado, mobiliarios inadaptados y trabas burocráticas son algunas de las más comunes. Esto implica que miles de niños con discapacidad que podrían estar integrados en la educación pública primaria común son excluidos por inaccesibilidad edilicia. -Estos temas son para que esten en la agenda publica de cualquier funcionario de los Ministerios de Educación o de los señores Ministros del area educativa- No se puede pecar de ignorancia cuando el 75% de las escuelas públicas porteñas carece de instalaciones adecuadas para personas discapacitadas, al igual que el 95% de los colegios privados. En la ciudad de Buenos Aires asisten a escuelas especiales aproximadamente unos 9000 alumnos con discapacidad y otro 1600, están integrados a escuelas comunes.
La discapacidad, sigue constituyendo un problema realmente serio y preocupante, que sin lugar a dudas debe ser instalado tambien como prioritario en la agenda social del Estado a fin de posibilitar a todos los ciudadanos el más adecuado desarrollo de su vida personal. Como puede ser que en la ciudad de Buenos Aires haya diez barrios porteños en los que no hay ningún colegio privado con accesibilidad y estan minados de "barreras arquitectónicas" para los niños y jóvenes con discapacidad y ellos son, Villa Urquiza, Villa Ortúzar, Colegiales, Coghlan, Floresta, Parque de los Patricios, Parque Avellaneda, San Telmo, Liniers y Villa Luro.
Prologar la ignorancia del derecho que asisten a las personas con discapacidad, ya no es excusa, porque ese desconocimiento nos afecta a todos por igual, porque contribuimos aun más al deterioro de nuestro esquema social de convivencia, que hemos encontrado para vivir, cuando la sociedad se somete al estado de derecho. Para que quede mas claro, de dicha ignorancia y desconocimiento se están produciendo los peores efectos, en los tiempos por venir, cuanto mayor es el grado de vulnerabilidad social, cultural, educacional y laboral las secuelas son mas irreversibles para el sector que nos ocupa, en este sentido las personas con discapacidad aparecen como uno de los sectores mas perjudicados por el superfluo desconocimiento de los preceptos Constitucionales que vulneran, precarizando de manera inédita los derechos humanos que todo el colectivo social sabemos que es así, el concepto de la accesibilidad universal pareciera no ser entendido hasta ahora, en la ciudad de Buenos Aires, desde las esferas gubernamentales hay un total desconocimiento del tema, porque se tiene una visión limitada y caritativa de la accesibilidad. La accesibilidad no es algo solamente para los discapacitados es para todos los ciudadanos.
Tenemos que reconocer que en nuestro País, muchos han sido los logros y los avances normativos obtenidos en los últimos 26 años, no obstante, la falta de unidad en la regulación de una materia tan específica y la inexistencia de un sistema sancionador único e incluso en algunos casos la falta de la norma sancionadora ha hecho absolutamente inviable el ejercicio efectivo de los derechos señalados. Al momento de reglamentarse la ley 22431 a través de su Decreto 498/83, se estableció un plazo de diez años para dar cumplimiento a las adaptaciones necesarias. Dicho plazo se cumplió en 1993 la inaccesibilidad en los edificios existentes no fue subsanada, y los edificios nuevos, salvo contadas excepciones, continuaron construyéndose sin esta adecuación por la falta de fiscalización estatal.
En 1994 se sancionó la ley 24314 ampliándose la protección al ámbito del transporte y en particular, a las personas con movilidad reducida. Esta norma se refiere a las barreras existentes en las vías y espacios libres públicos, a saber: itinerarios peatonales, escaleras y rampas, parques, jardines y plazas, estacionamientos, señales verticales y elementos urbanos y obras en la vía pública, a las barreras existentes en edificios de uso público, sea su propiedad pública o privada, y a los edificios de vivienda, definiendo conceptos alternativos a la accesibilidad, como la adaptabilidad, la practicabilidad y la visitabilidad, como así también, a las barreras en el acceso y utilización de los medios de transporte públicos, terrestres, aéreos y acuáticos de corta media y larga distancia, y aquellas barreras que dificulten el acceso con medios propios. Esta ley también incluyó a personas con discapacidad visual o auditiva, aunque las correspondientes pautas de diseño se enunciaban aún de manera general, particularmente las destinadas a personas con discapacidad auditiva. Esta norma estableció un nuevo plazo de 3 años para dar cumplimiento a dicha ley. Sin embargo, recién en 1997, vencidos los 3 años, se dictó otro Decreto Reglamentario 914/97 que se constituyó como un manual de especificaciones técnicas a fin de proveer la correspondiente accesibilidad. El incumplimiento se agravo, toda vez que esta nueva norma estableció plazos perentorios para su cumplimiento. Al dejar caer los plazos de vencimiento para promulgar la reglamentación, el Poder Ejecutivo generó una nueva postergación. Pero no solo la reglamentación sufrió una demora, frenando la eficacia de la aplicación de la ley, sino que el nuevo plazo no fue especificado, dando lugar a un incumplimiento generalizado hasta el día de la fecha.
El decreto 914/97 determinó la responsabilidad para los casos de su incumplimiento de las normas de accesibilidad, sin embargo, la mencionada norma no estableció ningún tipo de sanción. A ésta situación se le debe agregar que en importantes jurisdicciones del país -como por ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- no se aplica visado previo de los planos de obra, con lo cual no existen instancias de control pre y post facto. La ley Nacional de Accesibilidad, así como las normativas locales definidas en las diferentes jurisdicciones no son material de consulta en las bibliotecas de las sedes de las asociaciones profesionales o las colegiaciones. Sin embargo, las autoridades nacionales y regionales, no han tomado iniciativas tendientes a que los agentes y profesionales que actúan en cargos oficiales en arquitectura, planeamiento, obras particulares, espacios públicos u otros, cuenten con formación en accesibilidad. Solo ocasionalmente y de manera restringida, las autoridades nacionales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires requieren el asesoramiento de especialistas pertenecientes a organizaciones de personas con discapacidad, pero sin tomar en cuenta las recomendaciones en la mayoría de los casos.
En ese sentido y a consecuencia de una escalada de postergaciones, prorrogas y de la eliminación de normativas y su incumplimiento, el Estado Argentino ha dejado virtualmente sin efecto la aplicación de varios artículos de la Ley 24.314, en lo atinente al transporte publico, esta situación se agrava con la ausencia de fiscalización y sanciones que garanticen el cumplimiento de estas ya bastante limitadas obligaciones, Las disposiciones de rango inferior, son utilizadas como justificación por la Comisión Nacional de Regulación del Transpone para no cumplir con el mandato de la ley 24314, la misma CNRT informa que el 15 % de los colectivos están adaptados para las personas con discapacidad y otro relevamiento en 60 líneas de colectivos, nos dicen, que de 797 unidades relevadas, apenas 157 estaban adaptadas para las personas con movilidad reducidas.
Por otro lado, el transporte ferroviario y de subterráneos, ambos privatizados no han contemplado en sus convenios iniciales el cumplimiento de la legislación en la materia. Se lo ha incluido posteriormente "con cargo a la tarifa", es decir, que serían los usuarios quienes solventarían los costos, para empresas que gozan de importantes subsidios del Estado. Por lo tanto ni el Estado de manera directa, ni mediante obligaciones contractuales con los prestatarios, no han garantizado la adecuación de estos servicios. La gran mayoría de las estaciones de ferrocarril no cuentan con instalaciones con itinerarios accesibles o con instalaciones sanitarias adecuadas. El reclamo de organizaciones de personas con discapacidad por el derecho al acceso a las estaciones, a la eliminación de molinetes que impedían el paso con silla de ruedas u otros elementos de ayuda y el cierre de accesos a los andenes, levantando barreras donde no las había e incrementando los recorridos peatonales de acceso, motivaron la presentación de varios recursos de amparo patrocinados por el INADI y el CELS, los cuales, a pesar de tener sentencia favorable de la Suprema Corte de Justicia, aún no han sido cumplidos por las compañías de transporte ferroviario demandadas. De las cinco líneas de transporte subterráneo existentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tan sólo una cuenta con ascensores para personas con movilidad reducida. Todos los medios de transpone público son objeto de constantes denuncias por parte de los usuarios con discapacidad y de reiteradas recomendaciones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires sistemáticamente desoídas. Tanto las líneas de ferrocarril adaptadas, como la línea de subterráneo con ascensores se localizan en los barrios de mayores recursos económicos. Los más altos porcentajes de personas con discapacidad también se ubican en los barrios de escaso recursos, a los que la accesibilidad en el transporte no llega.
Por otro lado hay entidades de la Ciudad de Buenos Aires que en los meses del 2007, presentaron otro recurso de amparo ante la Justicia para que ordene en el plazo más perentorio posible para que el gobierno porteño realice las obras de accesibilidad necesarias en los colegios. Se argumentaron que de no hacerlo se estaría violando la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución Nacional, la Constitución porteña y las leyes de la ciudad que protegen a las personas con discapacidad. La jueza Elena Liberatori ya notificó al gobierno de la ciudad y le dio un plazo para que conteste la notificación dentro de esta semana.
Es de reconocer que en la Argentina la ausencia de registros o estudios censales serios, que reconozcan con rigor y objetividad, una realidad caracterizada por la exclusión social, en la cual todavía dominan las imprecisiones, condición que impide tener una verdadera dimensión sobre los problemas existentes en sus cifras más exactas. Lo que se tiene como datos oficiales, es una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), denominada Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDI), dicha encuesta es complementaria del Censo 2001 y se realizó entre noviembre de 2002 y abril de 2003. Incluyó una muestra de 67.000 hogares urbanos de todo el país, según la ENDI, indica que el 7,1 por ciento de la población tiene alguna discapacidad. En números absolutos, se trata de 2.176.123 personas, que la muestra relevó en centros urbanos de al menos 5.000 habitantes. Según el estudio revela que la discapacidad afecta al 7,1% de la población, el 20,6% de los hogares argentinos, es decir, uno cada cinco hogares, alberga al menos a una persona con discapacidad. El 53,6% son mujeres y el 46,4%, hombres. El 11,7% de las personas con alguna discapacidad son menores de 15 años, el 48,5% tiene entre 15 y 64 años y el 39,8% restante tiene 65 años o más. Las discapacidades motoras son las más frecuentes: se dan en el 39,5% de los casos. Les siguen las visuales, con el 22%, y las mentales, con el 15,1 por ciento. Entre las motoras, las más frecuentes son los trastornos en los miembros inferiores (61,6%), seguidos por los que afectan los miembros superiores e inferiores (30%) y, luego, las discapacidades en miembros superiores (8,4 por ciento). La ENDI también indagó respecto de la cantidad de discapacidades por persona: el 73,9% de las personas tiene una sola discapacidad, mientras que el 20,2% padece dos y hay un 5,9% que presenta tres o más discapacidades. De estas últimas, la mitad tiene 75 años o más. Del total de personas con alguna discapacidad, el 38,4% no tiene cobertura por obra social y/o plan de salud privado o mutual. En la región del noroeste de nuestro país, esta proporción supera el 50 por ciento.
En la actualidad, si bien es posible realizar algunos cálculos estimativos, data de la Declaración de Cartagena de Indias, del 30 de 0ctubre de 1992, desde entonces la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que al menos el 10 % de la población de América Latina esta afectada por algún tipo de discapacidad. La misma cifra es dada en la actualidad donde se dice que el 10% de los habitantes del mundo vive con alguna discapacidad y el porcentaje aumenta debido al envejecimiento de la población y al incremento de las expectativas de vida, del total de estos datos, el 12 % de esos habitantes, corresponde a la franja de la 3º edad.
También se puede decir que según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por estos tiempos, afecta a más de 650 millones de personas con diferentes tipos de discapacidades en el mundo, de la cual representan aproximadamente el 10 % de la población mundial, de esta cifra, el 80 % vive en los países en desarrollo,
Otras cifras según el Banco Mundial, el 20 o 30 % de la población infantil con discapacidad, en edad escolar, en los países de Latinoamérica y el Caribe asisten a las escuelas. Muchas son las causas que inciden en la baja escolaridad de esta población, sin duda alguna una de ellas es la actitud de las personas del entorno y la inaccesibilidad. En otro informe según las Metas del Milenio y la Iniciativa de "Educación para Todos" de la ONU, sólo el 5% de los niños con discapacidad en el mundo consiguen terminar la etapa primaria.
En América Latina, en contraste con otras latitudes, las cifras resultan alarmantes y en aumento producto del empobrecimiento de las poblaciones, la discapacidad no sólo es el resultado de accidentes, de problemas congénitos o adquiridas, de la inhalación y uso de plaguicidas en zonas agrícolas, de enfermedades, sino también de la violación directa de los derechos humanos, de los derechos económicos, sociales y culturales, de la malnutrición, del descuido a la protección de la maternidad y de la infancia, de las secuelas de las guerras, de la tortura, de los abusos que se han cometido contra los derechos humanos y de los efectos que arrastra la delincuencia de estos tiempos, entre otros males y consecuencias. La demanda social en todas las latitudes es clara: Las cifras, los efectos y sus consecuencias son conocidos por todos los profesionales y las ONG. La realidad actual, es que al tema de la discapacidad no deben seguir tratándolo aisladamente, ni debe estar al margen de los Derechos Humanos. Seria muy favorable y significativo que en los paradigmas de cambio, el Gobierno deban reconocer y garantizar en todos sus ámbitos, en todas las políticas para el sector, el papel consultivo de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en lo que se refiere a la adopción de decisiones sobre las cuestiones referentes a la discapacidad, en este sentido es importante su participación activa y su presencia, para no omitir en las planificaciones de las políticas en estos temas, porque la discriminación es también, nuestro fracaso como sociedad.
La escasa participación de las personas con discapacidad, en la vida política y ciudadana, en mérito a las múltiples barreras que deben sortear para acceder a ello, genera la invisibilidad de los problemas que la discapacidad conlleva, como así también, de las variadas soluciones que ameritarían ponerse en práctica para posibilitar su verdadera integración social.
La persona con discapacidad, como sujeto pleno de derecho, no existe en la vida social y política. No existe, a priori, la idea social de que la persona con discapacidad, estudia, trabaja, se casa, procrea y envejece, como el resto de los integrantes de la sociedad.
Por ultimo, en la actualidad hay montado un procedimiento administrativo a seguir y algunos organismos de la discapacidad limitados solo a organizar, -por decir alguna acciones-, jornadas y eventos y no un programa de gobierno con pautas y objetivos de lo que la sociedad busca para integrar a las personas con discapacidad, debemos tomar conciencia de que es conveniente pensar en una planificación seria para optimizar logros de inclusión, para ello, en primer lugar debe haber un decisión central en estrecha colaboración con los gobiernos provinciales y municipales y las asociaciones y/o representantes de las personas con discapacidad para reformular un programa integral de gobierno unificando simultáneamente en todo el territorio de la Nación lo que se consideran políticas de estado a cumplir, revertir sin demora a todos los organismos consultivos de la discapacidad a organismos ejecutivos, se puede citar como antecedentes inmediatos las experiencias dadas en el municipio de La Matanza y la Gobernación de Santa Fe con la creaciones de las subsecretarias de la discapacidad, estas innovaciones podríamos llamarlas políticas de estado, estos cambios estructurales en las políticas sociales, de pasar de ser meros organismos consultivo a organismos ejecutivos, son una muy buena acción de gobierno, porque permitirían el tratamiento especializados de la temática, considerando la amplitud de aspectos que abarca la temática y de lo que se debe resolver en virtud de las múltiples necesidades que presentan los diferentes tipos de discapacidad, estos nuevos organismos son efectivamente una herramientas precisas para optimizar las políticas estatales de la discapacidad.
(*) Articulo expuesto, por Luis LIENDRO, el 18 de abril de 2007, en la Sociedad Central de Arquitectos, en ocasión de la Mesa Redonda organizada por la “Corriente de la Dignidad”, denominada Buenos Aires caótica: “EL DESAFIÓ DEL REORDENAMIENTO URBANO”
